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ARTÍCULO: Transformaciones Demográficas un Reto en Materia de Política Pública en América del Sur

Por: Kelly Marcela Vargas López*. | 03 de octubre de 2017

Las importantes transformaciones demográficas ocurridas en las últimas décadas en América Latina, y es especial en algunos países de la región como Argentina, Chile y Uruguay, exigen el diseño y rediseño de las políticas públicas de envejecimiento y vejez, centradas no solo en la protección y restablecimiento de derechos, sino en el goce y garantía de los mismos. En este sentido, se hace indispensable reconocer las capacidades y potencialidades de las personas mayores[1] o adultos-as mayores según las definiciones conceptuales propias de cada país, es decir propiciar escenarios incluyentes a nivel económico, social, político, cultural y ambiental, a partir del reconocimiento de los procesos de aprendizaje significativo en el transcurrir de vital de las personas con 60 y más años.

El envejecimiento demográfico[2] que se ha referido anteriormente, ha afectado el comportamiento de lo que se había denominado pirámides poblaciones, y que hoy moldean su forma por diseños más rectangulares. Este importante revés, es sin duda un gran avance social, reflejado en el aumento de la esperanza de vida de la población, y  una disminución de la tasa de  natalidad.

A continuación se pueden observar poblaciones totales comparativas de diez países de América del Sur, con cortes a 1960, 1980, 2000, 2010, y finalmente el último quinquenio actualizado a agosto 2016 por el Banco Mundial (2015 último año consolidado oficial en publicación de página oficial).

Teniendo en cuenta la información de la tabla 1, es posible reconocer un aumento significativo del total de la población en los últimos cincuenta y cinco años, así,  Venezuela se posiciona como el país con la mayor tasa de crecimiento poblacional 282% entre 1960 y 2015, seguida por Ecuador con un 255% y Paraguay con un 249%, Colombia por su parte se ubica en la sexta posición con 193%. En general se puede observar que nueve de los diez países de la región han aumentado sus poblaciones en más de 110%, excepto Uruguay que solo alcanzó un 35% de población en el periodo de análisis antes referido.

En  relación con la población de personas mayores los rangos de edad varían de acuerdo al país, en algunos se establece el corte a los 60 años y en otros 65 años, sin embargo, en general para América del Sur los y las ciudadanos-as al cumplir 60 años hacen parte del grupo etario de personas mayores.

A continuación se presenta las variaciones porcentuales de personas mayores en diez países de América del Sur.

Al analizar la información correspondiente a la población de personas mayores, se destaca que Uruguay se constituye en el país con menor aumento de población total de los países de la región comparados, y con el mayor crecimiento de este segmento poblacional (60 y más años), por su parte Paraguay como se observó en la tabla anterior tiene un alto aumento de población total, y tiene uno de los menores porcentajes de personas mayores.

Colombia se sitúa por debajo del promedio general de 12% de los países analizados con un 11% de personas mayores del total de su población, caso similar a Venezuela que cuenta con un incremento alto de su población total, y una disminución con el comparativo general de personas de 60 o más años.

Dentro de las proyecciones a 2025 y 2050, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL[3] en su publicación “Boletín Informativo: Los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe Datos e Indicadores”, se pueden reconocer los importantes cambios en la composición por edades, sin embargo para efectos del análisis segmentado de este artículo, se hará énfasis en las cifras correspondientes a personas de 60 años y más.

Teniendo en cuenta las tablas de proyección de población, Uruguay para el año 2025 será el país más envejecido de los países de América del Sur, y alcanzará casi un 28% de personas mayores para el 2050, Chile en el 2050 tendrá un aumento del 10% en relación al año 2025 y ocupará el primer lugar siendo para ese momento el país con casi una tercera parte de su población envejecida, Colombia incrementará su población en 8,8% entre el 2025 y el 2050, ubicándose en el puesto cinco en la región, Perú y Ecuador obtendrán un aumento porcentual similar de 10% entre el 2025 y el 2050, alcanzando la sexta y octava posición respectivamente, es de resaltar que Bolivia mantendrá las tasas más bajas de envejecimiento demográfico en los dos periodos de tiempo proyectados.

La situación de los países Europeos también muestra los considerables cambios en la composición demográfica, así las personas de 65 y más años ascienden actualmente vertiginosamente alcanzando un importante porcentaje de la población total como lo revela las cifras macro del Banco Mundial para 2015; Italia 22.4%, Alemania 21.2%, Francia 19.1%, Dinamarca 18.9%, España y Austria 18.7 %, Bélgica, República Checa y Suiza 18%, el total de personas mayores de la Unión Europea es de 19.1%, es decir una quinta parte de la población está constituida por personas mayores.

Este perfil demográfico está acompañado por el aumento en la densidad de poblacional en las áreas urbanas, la feminización del envejecimiento que sin duda pone de manifiesto un mayor número de años de vida de las mujeres y que exigen políticas públicas diseñadas e implementadas desde un enfoque diferencial, donde no solo la edad o el género se constituye en un determinante, sino el proceso individual de envejecimiento de cada una de las personas que cada vez se amplía más por el aumento de la esperanza vida.

A continuación se presenta una tabla comparativa de los cambios en la esperanza de vida al nacer en diez países de América del sur.

El aumento sustancial en la esperanza de vida al nacer, refleja cambios determinantes en  solo cincuenta y cuatro años, así Colombia aumento diecisiete años más su esperanza de vida, es decir un 30% de la misma, en la región el país que alcanzó un mayor aumento es Bolivia con un 62%, seguido por Perú con un 56%, los países con menor aumento fueron Paraguay y Uruguay, sin embargo la diferencia de cuatro años entre los mismos es significativa.

Paradójicamente aunque Bolivia aumento gratamente su esperanza de vida, sigue estando por debajo de los países de la  región con solo 68 años, Chile por su parte que alcanzó un 25% en el aumento, y se posiciona como el país comparado de la región con más años de esperanza de vida (81 años).

Los cambios en la composición poblacional y sus proyecciones de ensanchamiento de las personas de 60 años y más, así como el importante aumento en la esperanza de vida al nacer demandan en materia de política pública diseños y rediseños que se adapten a los importantes cambios; en este sentido los lineamientos de política pública deben soportarse en un marco de derechos, con principios de equidad, igualdad y diversidad, y basados en un enfoque diferencial que permita reconocer las particularidades de esta población, sus requerimientos y potencialidades tanto en el orden social, económico, cultural y ambiental, para favorecer el envejecimiento activo[4].

En este sentido, las personas mayores no deben constituirse en objetos de política sino en sujetos de derechos que aportan significativamente al desarrollo de cada uno de los países y en general de la región; por ello reconocer las buenas prácticas regionales se constituye no solo en un deseable social, sino en un imperativo para responder acertada y cualificadamente a las demandas de las profundas transformaciones demográficas.

Como se ha podido comprender los aumentos absolutos de población y los cambios en la esperanza de vida son determinantes en materia de política pública, pero también lo es los avances cualitativos y cuantitativos complementarios que refiere el Índice Global de Envejecimiento - HelpAge International[5], el cual como lo manifiesta la organización mide el bienestar de las personas mayores en 96 países en cuatro áreas específicas: Ingresos, Salud, Competencias y Entornos favorables, reconociendo de esta manera las fortalezas y debilidades de las respuestas de los Estados frente a los desafíos del envejecimiento de la población.

En América del Sur, los países analizados en el presente artículo están medidos dentro del índice global (2015), y presentan las siguientes posiciones en orden ascendente, Chile N° 21, Uruguay N° 27, Argentina N° 31, Colombia N° 36,  Ecuador N°44, Perú N° 48, Bolivia N° 55, Brasil N° 56, Paraguay N° 69 y Venezuela N°76.

El mapa que a continuación se presenta, permite identificar en una gama de colores de verde a naranja el estado de cada uno de los países de América del sur en este índice. Desde esta perspectiva gráfica, se hace útil la compresión de la clasificación que en materia de bienestar de las personas mayores realiza - HelpAge International, sin duda el posicionamiento de cada país en este indicador devela las acciones que en materia de política pública se realiza, y pone de manifiesto los desafíos y avances en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de vejez en cada uno de sus programas y proyectos.

Como se puede observar las diferencias son considerables, en este sentido se podría establecer que el mejor país de los analizados en la región para envejecer es Chile, y en el lugar menos deseable Venezuela. A nivel mundial, el índice revela que Suiza es el país con mayores garantías para las personas mayores, y el país con menos garantías sería Afganistán que alcanza el puesto 96 en el índice.

En América Latina, los procesos de configuración y reconfiguración en materia de política pública, son relativamente jóvenes, en algunos países de la región se cuenta con políticas públicas para la vejez que aun exigen aumento en los niveles de implementación, y significativos avances en materia de seguimiento y evaluación. 

A continuación, se hace referencia a la disponibilidad de políticas públicas de vejez por país, y el año de sanción de las mismas:

En los procesos de implementación de política pública, aún es posible reconocer que buena parte del presupuesto está dirigido a programas de asistencia básica en salud, alimentación, protección y recreación, y orientado básicamente a personas altamente pobres y vulnerables, es decir políticas públicas focalizadas que requieren reformulaciones que den respuesta a los desafíos propios de las próximas décadas.

De esta manera, y en la medida en que las líneas de política públicas estén determinadas  por los indicadores de línea de pobreza o destinadas a soportar exclusivamente algunas necesidades del indicador de necesidades básicas insatisfechas, se relentizará el proceso de desarrollo nacional y regional.

Por ello, se hace indispensable armonizar los procesos de gobernabilidad y gobernanza, puesto que los cambios demográficos son dinámicos y determinantes, en este sentido, las políticas públicas de vejez y envejecimiento deben prestar especial importancia al transcurrir vital de todas y cada una de las personas y no solo aquellas en situaciones extrema de pobreza; es decir advertir que la vejez es un momento de vida que ha estado permeado por todo el transcurrir vital de los seres humanos, y que por ello la política pública requiere una articulación y transversalización en todas sus líneas de acción. Así mismo, se hace necesario afianzar las buenas prácticas de países de la región que han avanzado en la garantía de derechos de las personas mayores de una manera real y efectiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de absoluta relevancia la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de Envejecimiento y Vejez, y la materialización de los derechos de la población mayor, garantizando el mínimo vital para aquellas personas que no acceden a derechos de jubilación o no cuentan con ingresos, promoviendo su inserción laboral en condiciones justas y dignas (cuando las personas lo deseen), reconociendo el rol de las personas mayores como cuidadores-as y socializadores-as de niños y niñas en el marco de la economía del cuidado, disponiendo de ciudades amigables con diseños universales e inclusivos que permitan el goce y el aprovechamiento de la oferta cultural, educativa, recreativa, y que en general favorezcan la apropiación de los diferentes espacios y escenarios de vida tanto individuales como colectivos de toda la ciudadanía[6], y rescatando la  preservación de usos y costumbres de las personas mayores, resignificando así su  importante papel en la sociedad.

Habitat III, es la mejor expresión de esas ciudades inclusivas, equitativas y resilientes, Ecuador fue sede de este importante evento en el 2016, y el llamado a todos y cada uno de los países es a generar transformaciones urbanísticas y culturales, que apueste al  diseño y rediseño en materia de infraestructura, prestación de servicios y formación  ciudadana.

Las personas mayores no pueden ser concebidas en materia de política pública como una carga prestacional, por el contrario, deben constituirse en el motor de nuevas y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento, garantizando no solo un aumento en número de años de vida, sino el disfrute de una vida más larga, en la cual el respeto y buen trato hacia las personas mayores sea una apuesta política.

En relación con América del Sur se hace urgente avanzar en la garantía de la pensión no contributiva universal[7], el cambio en la matriz productiva promoviendo la producción de bienes y servicios centrados en la generación de conocimiento, el arte, la cultura, la tecnología y la innovación, y en general la preservación de los aportes cognitivos de las personas mayores que basados en el conocimiento y la experiencia son de alto valor social, político, económico, ambiental y cultural.

Los gobiernos y sus sociedades deben establecer un ideal social de personas mayores, no escatimar ningún esfuerzo en rediseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, y avanzar en el reconocimiento de las potencialidades que este  cambio de paradigma conlleva.

Las tareas de direccionamiento político son evidentemente arduas y aceleradas, puesto que las transiciones demográficas no se detienen, los compromisos mundiales como los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2015, Declaración de Brasilia 2007[8], el Plan Internacional Sobre Envejecimiento - Madrid 2002,  entre otros acuerdos suscritos se constituyen en obligatoriedad jurídica para los Estados, y un deseable social no solo para las personas mayores, sino para toda la sociedad en general.

Referencias:

[1] Para efectos de este artículo se utilizará la denominación de personas mayores, adoptado por algunas políticas públicas de  la región y que corresponde a las personas de 60 años y más.

 

[2] Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. 2007 (Citado en Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez. 2010. Alcaldía Mayor de Bogotá.), el envejecimiento demográfico o envejecimiento de la población, es un proceso en el cual se presenta un aumento progresivo de la proporción de personas mayores de 60 años en relación con la población total.

 [3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ Proyecciones de población 2013. Consulta en web oficial – último registro con corte a septiembre de 2016.

[4] Concepto abordado por la Organización Mundial de la Salud.

[5] Recuperado el 23 de septiembre 2016, HelpAge International. http://www.helpage.org

[6] Es decir ciudades donde niños-as y niñas, mujeres gestantes, personas mayores, personas diversamente funcionales (referidas en algunas definiciones conceptuales como personas con  discapacidad o con necesidades especiales), personas de baja estatura, y en general todas las personas puedan movilizarse y acceder a los bienes y servicios.

[7] Que garantice el mínimo vital, y que no se reduzca a subsidios o apoyos económicos de baja cuantía que en efecto  impiden el cubrimiento de las necesidades básicas de la población, exponiéndolas a la mendicidad, la explotación laboral, la habitabilidad en calle entre otras situaciones adversas.

[8] Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: “hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos”, organizada conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Brasil, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

*Trabajadora Social y Especialista en Análisis de Política Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Master  en Gobierno y Administración de Pública de la Universidad Complutense de Madrid, candidata a doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración, y Relaciones Internacionales del mismo claustro académico. E-mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.">Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. 

 

 

 

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