Los Fantasmas de la Restitución

Por: Deison Dimas H. | 22 de Febrero del 2012

Foto: Deison Dimas H.

 

El principal riesgo para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no son las falsas victimas, si no, las constantes amenazas a lideres agrarios, desplazados y campesinos de las regiones objeto del proceso.

El sábado 11 de febrero el gobierno concentró un millar de personas en el municipio de Necoclí Antioquia (Urabá Antioqueño), con motivo de la instalación de la Mesa de Tierras, la cual es un instrumento que hace parte de la política de Estado que busca la reparación de las víctimas y restitución de tierras del conflicto armado (Ley 1448 de 2011).

Estas concentraciones que ya se realizaron en Ayapél, Cordoba- allí se entregó el predio Las Catas a 300 familias desplazadas-, y en Barranquilla, Atlántico, evidencia la preocupación del gobierno por cumplir las metas de restitución y colmar las expectativas con la ley.

En efecto, los fantasmas que amenazan la restitución de tierras no son las falsas victimas, como afirman algunos analistas, si no, las visibles amenazas a líderes agrarios, desplazados y campesinos de la región; la demostración de poder de las bandas criminales, reflejado en el paro armado a inicios de año; el asesinato selectivo a los líderes del proceso; y el conflicto de poderes que implica irrumpir el status quo de los grandes terratenientes de la región.

No en vano, emulando lo dicho por el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, de los departamentos con alto riesgo para la ejecución de la ley están tres de la Costa Caribe que son: Córdoba, Bolívar y Cesar. Los dos restantes a nivel nacional son el Meta y la región del Urabá.

Este año los atentados a Jesús Emilio Tuberquia, representante de la Comunidad de Paz en San José de Apartadó; las amenazas en el Urabá por parte de bananeros y ganaderos; y la más reciente quema de un rancho comunitario en la finca Europa, en Ovejas - Sucre (las 54 familias campesinas hoy enfrentan un litigio con la empresa Arepas Don Juancho, de propiedad del empresario antioqueño Juan Gabriel Vélez Jaramillo y quien afirma que ese predio es de su propiedad); son algunos ejemplos recientes que evidencian lo difícil del proceso.

Por otra parte, Vélez García (Notariado & Registro) afirmó, en diálogos con Radio Caracol el día 13 de febrero, que ya tiene la estrategia jurídica y el análisis registral para combatir las Bacrim Jurídicas, organismos regionales y municipales que se han aliado con los grupos armados para reversar el proceso de restitución.

La meta es una sola, y las expectativas, así como los fantasmas que amenazan el proceso son muchos, es una disputa de poderes territoriales desiguales en un escenario de conflicto armado latente, y donde el Estado es el principal responsable al momento de defender los derechos de las víctimas.

 

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