Justicia para la Justicia: El Rezago de Medicina Legal

Por: Cristian Cardona M. l 12 de Diciembre de 2012

El médico taxímetro se produce cuando un médico general que trabaja ocho horas diarias y sus respectivas 160 horas mensuales recibe en promedio cuatro millones de pesos, mientras que el mismo médico general bajo el cargo de profesional universitario forense grado seis está recibiendo como asignación básica $2.450.362 pesos por 136 horas al mes distribuidas en seis horas de trabajo diario y un compensatorio de un sábado cada 15 días, en turnos que comienzan a las siete de la mañana.

Desde el 11 de octubre comenzó uno de los paros más significativos en la era Santos protagonizado por los trabajadores sindicalizados de la Rama Judicial. Desde mi perspectiva, este paro se estaba cocinando hacía rato y el Estado no se había querido dar cuenta, ante lo cual desconoció por más de 20 años lo establecido en la Ley 4 del 1992 en la cual se exigía un reajuste salarial dada la seriedad y riesgos que implica para jueces, fiscales y peritos la aplicación de la administración de justicia.

El rezago salarial no es lo único que se vive en la Rama, existen otras dificultades que afectan a diversas instituciones y, por ende, la administración de justicia, como en los casos de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura en la que se evidencia, carencia de capital humano o inclusive el mismo Ministerio de Justicia con su entidad adscrita el INPEC (desde el próximo año Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) presentando un déficit de infraestructura penitenciaria, aunque en el presente escrito se describirá un actor que hasta hace poco se sumó (así sea parcialmente) y que, en términos generales, su trascendental labor y misión es minimizada dentro de la sociedad colombiana y es el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En referencia a esta última, tiene como objeto prestar soporte técnico a la administración de justicia en la cual trabajan 1.878 funcionarios (entidad pequeña del orden nacional si se compara con la Fiscalía que tiene más de 20.000 funcionarios o las Fuerzas Armadas con 440.407 servidores) de los cuales todos son de libre nombramiento y remoción distribuidos en ocho regionales, 25 seccionales, 109 unidades básicas y móviles para un total de 142 centros de atención a nivel nacional. En este punto se evidencia el primer rezago, tan sólo tiene presencia en el 12,87% del territorio nacional, algo contradictorio dada la intensidad del conflicto armado interno durante los últimas décadas que lleva consigo efectos colaterales, por ejemplo, irrespeto a la cadena de custodia, ante lo cual su presencia en totalidad del país es de suma importancia.

Dicho lo anterior, del conjunto de funcionarios el 89% son de carácter misional en el cual se destacan profesiones como: médicos (en sus diversas especialidades), físicos, químicos, químicos farmaceutas, biólogos, entre otros los cuales reciben unos sueldos que son deplorables.

Para citar un caso específico, un médico general que trabaja ocho horas diarias y sus respectivas 160 horas mensuales recibe en promedio cuatro millones de pesos, mientras que el mismo médico general bajo el cargo de profesional universitario forense grado seis está recibiendo como asignación básica $2.450.362 pesos por 136 horas al mes distribuidas en seis horas de trabajo diario y un compensatorio de un sábado cada 15 días, en turnos que comienzan a las siete de la mañana. Acá se aprecia otro rezago importante que es lo que se puede denominar, el médico taxímetro en el cual ellos, para estar en la media de los ingresos de su gremio, deben trabajar en otro lugar o buscar otro trabajo.

Por otro lado, la labor del perito en el Sistema Penal Oral Acusatorio, dentro del acervo de un proceso es pieza clave en la condena/no condena de un sindicado y su inadecuada remuneración a sus servicios podría atentar contra la administración de justicia abriendo la puerta para que existan inconvenientes en los peritajes sustentados ante los jueces, como sucedió en el famoso caso Colmenares, en el cual al respectivo perito le fue desvirtuado su informe por las inconsistencias presentadas.

Como si lo anterior no fuera poco, Medicina Legal carece de carrera administrativa y procedimientos bajos los cuales se establezca una política laboral de ascensos o promociones, facilitando así que los mismos sean bajo criterios no profesionales, sino de gestión política, haciendo que lleguen a promover personal que no tiene las habilidades para desarrollar esos roles y sucedan cosas como los casos del falso psiquiatra, el falso ingeniero o aún peor que se hubieran robado el cadáver de Raúl Reyes, que fueron de gran resonancia nacional.

Además de lo anterior, la entidad sufre un rezago tecnológico que radica principalmente en hardware obsoleto, protocolos de seguridad de información muy bajos comparados con estándares internacionales y sistemas de información que no se encuentran interconectados.

En suma, Medicina Legal sólo puede cumplir con lo que su escasa capacidad institucional puede ofrecer y muy seguramente ante los diversos retos que ha presentado la sociedad como la dosis personal o la prueba de sangre ante cualquier caso de sospecha por embriaguez, ella no podría cumplir dado que su alistamiento tardaría varios años dada la envergadura de la aplicabilidad de una medida de gran impacto.

Por todo lo previamente expuesto, no sólo los ajustes salariales son necesarios sino imperantes, pero a la vez “poner al día” a esta entidad en infraestructura física, humana y tecnológica con el fin de mantener su reputación como soporte científico a la administración de justicia y seguir siendo un referente regional en lo concerniente a la ciencia forense, de lo contrario, su futuro como el de muchas otras instituciones que poco a poco se les ha debilitado su credibilidad es desaparecer, dado que sus principales servicios, por el lado de laboratorios y patología, pueden ser administrados por entidades con atributos de policía judicial (Policía Nacional y Fiscalía) mientras que el servicio de clínica bajo una norma de alcance nacional podría ser ejercido por el Sistema General de Salud, generando por un lado una masacre laboral del personal administrativo afectando a sus respectivas familias y, por el otro, que cerca de cumplir 100 años de servicio a la sociedad colombiana, las malas gestiones de directores anteriores hagan que ella misma no pueda dictaminar su propia muerte.

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1) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2012), Informe de Gestión, Pág 13, disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/contratacion/INFORME.pdf

2) Ministerio de Defensa Nacional (2012, Octubre), Logros de la política de Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP, Pág 71, disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa-11-2012.pdf

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