Alguna Inquietudes Sobre el Caso PETRO

Por: Félix F. Hoyos Lemus l 24 de Diciembre de 2013

Si privatizar un servicio público no es ilegal ¿Por qué va a serlo si la administración del servicio pasa de manos privadas a manos públicas? La retoma del servicio de recolección de basuras se hizo mediante un decreto de la Alcaldía que actualmente goza de presunción de legalidad. Ninguna autoridad judicial ha anulado o suspendido ese decreto. ¿Por qué ese decreto no fue demandado por el Procurador?.

Colombia es alta parte contratante de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 23.2 establece de manera diáfana que la inhabilidad para ser elegido popularmente solo puede ser impuesta en un proceso judicial. La destitución y consiguiente inhabilidad por 15 años impuesta a Petro por la Procuraduría General de la Nación viola de manera ostensible la anterior norma de la convención citada ya que en Colombia el proceso disciplinario es de naturaleza administrativa y no judicial. Por violar este mismo artículo de aquella Convención en contra del señor LEOPOLDO LÓPEZ MENDOZA, alcalde del Chacao, Venezuela ya fue condenada a lo siguiente:

 

  1. Dejar sin efectos la inhabilidad impuesta al señor LÓPEZ MENDOZA
  2. Permitir que el señor LÓPEZ MENDOZA se presente a cualquier contienda electoral cuando lo desee.
  3. Garantía de no repetición. Es decir, no más inhabilidades –por vía administrativa –a funcionarios elegidos popularmente.

 

Estas decisiones fueron adoptadas mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 1° de septiembre de 2011 y se erige en un importante precedente judicial para analizar el caso Petro. Como dato curioso dicha sentencia fue redactada en Bogotá, hoy sacudida por las sanciones contra nuestro Alcalde.

Alguien podrá argüir que el Procurador está plenamente autorizado por la Constitución y la ley colombiana para hacer lo que hizo, lo cual es cierto. Empero, esta objeción es débil ya que, de un lado es obligación de Colombia adaptar su derecho interno al derecho internacional y, de otro lado, según el artículo 93 de la Constitución Política ordena que los convenios de derechos humanos prevalecen en el derecho interno y está prohibida su limitación, aún en los estados de excepción y fortiori en los estados de normalidad institucional, como el que vivimos.

Con el precedente judicial del caso LOPEZ MENDOZA Vs VENEZUELA podemos esperar una condena segura contra Colombia. La defensa de Petro en el recurso que se va a interponer debería invocar el art. 93 de la Constitución Política de Colombia, según el cual en el orden interno prevalecen las convenciones internacionales que versen sobre derechos humanos. En este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Colombia, proclama el derecho a ser elegido, derecho humano de rango fundamental (art. 40 #1 de nuestra CP), el cual ha sido violado por la Procuraduría. Ello se traduce, sencillamente en una NULIDAD por falta de competencia de la Procuraduría ya que solo mediante un proceso judicial se pueden conculcar los derechos políticos. Se reitera, la Procuraduría adelanta procesos disciplinarios de carácter administrativo.

Entonces, si privatizar un servicio público no es ilegal ¿Por qué va a serlo si la administración del servicio pasa de manos privadas a manos públicas? Ahora bien, la retoma del servicio de recolección de basuras se hizo mediante un decreto de la Alcaldía que actualmente goza de presunción de legalidad. Ninguna autoridad judicial ha anulado o suspendido ese decreto. ¿Por qué ese decreto no fue demandado por el Procurador?

Acuérdense que el sistema de "pesos y contrapesos" (Check and Balances) también puede venir de afuera, (Corte Interamericana de Derechos Humanos) e incluir el superpoder que encarna la Corte Constitucional. Sus argumentos constituyen aportes esenciales para el análisis. El artículo 323 de la Constitución dice: "EN LOS CASOS TAXATIVAMENTE ENUMERADOS POR LA LEY, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SUSPENDERÁ O DESTITUIRÁ AL ALCALDE MAYOR" (se entiende que de Bogotá). Ello quiere decir que en las hipótesis de que el Procurador confirme la destitución de Petro, le corresponde a SANTOS expedir un ACTO DE EJECUCIÓN de esa medida. Se imaginan que SANTOS diga: " NO EJECUTO LA DESTITUCIÓN DE PETRO POR INCONSTITUCIONAL, CON BASE EN EL ARTÍCULO 4° DE LA CARTA POLÍTICA".

De otro lado, si se lee bien la norma constitucional y también el 1421/93, se encuentra que la potestad del Presidente está sujeta a la ley; lo que no quiere decir que el Presidente tenga potestad disciplinaria sobre el Alcalde Mayor, sino que simplemente expide un ACTO DE EJECUCIÓN cuando la destitución sea consecuencia de una orden judicial proveniente de un juez o de una orden del Procurador. Es decir que, como parte del procedimiento, en el caso del Alcalde Mayor, se completa con un acto de ejecución de esa medida por parte del Presidente.

He escuchado a un colega por la W Radio decir que el competente para destituir a Petro era SANTOS. Hizo una pésima lectura del art. 323 de la Constitución. La recta interpretación de esta norma es que el Presidente expide un acto de ejecución, haciendo efectiva la destitución pronunciada previamente por el Procurador (cuando quede en firme). Si la Carta Magna le da ese poder al Presidente, es porque tiene el último resorte para evaluar la constitucionalidad de la medida. Reitero que si Santos decidiera decretar la excepción de inconstitucionalidad de esa destitución.

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