¡Y Ahora! ¿Quién Podrá Defendernos?

Por: Cristian Adir Cardona M.l 24 de Marzo de 2014

Más allá de lo sucedido el pasado 18 y 19 de marzo tanto con las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- como con la acción realizada por el señor presidente Doctor Juan Manuel Santos en destituir al señor ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en virtud de la sanción disciplinaria expedida por la Procuraduría General de la Nación, deja un precedente desde el Estado colombiano muy grave que ha pasado desapercibido para la opinión pública, respecto al alcance de la defensa a los derechos humanos.

Por ello, esta fecha será muy importante para quienes de una manera u otra hacen defensa de derechos humanos porque significó un quiebre en esta política pública, de la cual el Estado colombiano se tomó el atributo de decir qué defiende y qué no, qué reconoce y qué no, bajo un entramado judicial que se encuentra en entre dicho. Santos convirtió el derecho internacional en una herramienta de acomodo para justificar decisiones internacionales que son de carácter vinculante para cualquier Estado que haya firmado dichos tratados.

Por otro lado, el Estado colombiano continúa dando muestras hacia el concierto internacional y en esta ocasión exacerbadas a gran tenor sobre la realidad de la política pública de derechos humanos, reafirmando lo expresado por diversos informes que diferentes organizaciones no gubernamentales, entidades supranacionales, incluso Estados Unidos han desarrollado sobre el tema; en grandes rasgos, exponen que los avances en DD.HH. son mínimos y que a largo plazo la situación tiende a agravarse en el país.

Ahora bien, ¿Quiénes padecerán los efectos de esta medida? Por un lado serán las víctimas de los diversos delitos de lesa humanidad y los demás asociados con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los cuales, son su última voz para dignificar las justas causas dado el mapa judicial colombiano de ineficacia e impunidad. Era la CIDH en particular y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general, bajo el cual los defensores de derechos humanos dan la pelea para que el Estado colombiano reconozca y brinde verdad, justicia y reparación a los afectados de tan graves violaciones. El Estado colombiano por acción u omisión, ha dejado sola a la ciudadanía, en muchos casos registrados por la prensa nacional, y son estos organismos la fuente para encontrar justicia en sus justos reclamos de reparación y protección.

Y no sólo eso, esta actuación en contexto es similar a lo que venía sucediendo desde el año 2002, cuando el Gobierno Nacional desconocía las providencias de cortes internacionales sobre derechos humanos o el Parlamento Europeo con casos, por ejemplo, como el de los “falsos positivos” que son en esencia crímenes de Estado bajo la lógica del derecho internacional. Hay que añadir que existen actores que ganan con esta lógica y son precisamente quienes continúan violando los derechos humanos realizando masacres, desapariciones forzadas, secuestros, persecución social, política y étnica y demás. Esto sucede en nuestro país, ya que los perpetradores tienen vía libre para imponer regímenes de terror en sus áreas de influencia sin un juzgamiento a nivel nacional y con un reconocimiento del Estado colombiano según su conveniencia.

Por todo esto, se puede concluir que el panorama es muy desalentador porque la armonía entre la normatividad nacional, normatividad internacional e institucionalidad se encuentra quebrada. Ahora, dado el contexto social en el cual se halla el país, debe aprovecharse la crisis para replantear el orden constitucional; que se plasmen las reformas necesarias y suficientes, no sólo para un postconflicto sino para el goce efectivo de los derechos que tienen cada uno de los ciudadanos. Por otro lado, el aparato judicial ha dejado dos percepciones, claramente diferenciables, en este tema siendo la primera que avanza en virtud de quien sea el acusado, es decir, para referenciar de nuevo el caso del ex alcalde Petro. Toda la vía gubernativa duró tan sólo tres meses aproximadamente, pero un ciudadano que interpone, por ejemplo, una sucesión puede demorarse mínimo 10 años. La segunda, que existe una justicia politizada en la cual no se hace efectiva la separación de poderes dada la existencia de la relación Rama Ejecutiva-Rama Judicial-Órganos de Control haciendo a la administración de justicia poco equilibrada. Y, por último, las víctimas que siguen siendo quienes pagan con su sangre y su dignidad esta inoperancia de la justicia, que ahora no sólo reina sino se arraiga aún más, en un corto y mediano plazo, ante lo cual se preguntarán ¿quién podrá defendernos?.

 

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